Causa Vialidad: todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina Kirchner ante la ONU

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en la que denunció presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial de la denominada Causa Vialidad. Los abogados brindaron una conferencia de prensa para explicar los fundamentos de la presentación.

Según el escrito, la condena tuvo como objetivo impedir la participación política y electoral de la exmandataria, al sostener que existió una estrategia de «proscripción electoral». En ese marco, la defensa afirmó que se vulneró el artículo 25 del Pacto Internacional, que garantiza el derecho de toda persona a votar y ser elegida, y cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los abogados también sostuvieron que durante el proceso se violó el derecho a un juicio justo, al considerar que se atribuyeron a Cristina Kirchner responsabilidades sobre actos administrativos que, según argumentaron, no le correspondían constitucionalmente. Además, objetaron que parte de la condena se sustentara en la firma del Decreto 54/2009, normativa que continúa vigente.

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Otro de los planteos apunta al derecho a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial. En la presentación se cuestionó la actuación de los magistrados que intervinieron en la causa, se denunciaron presuntas irregularidades en la asignación de expedientes y se señalaron supuestos vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores.

La defensa aseguró además que se vulneró la presunción de inocencia, al sostener que desde el inicio del proceso existió una presunción de culpabilidad contra la expresidenta. En ese contexto, el documento también hace referencia a declaraciones públicas del actual Presidente de la Nación, a quien atribuye haber presentado la condena como una decisión impulsada por él.

Asimismo, el escrito sostiene que no se garantizaron las condiciones necesarias para ejercer una defensa adecuada. Entre los cuestionamientos figura la incorporación de pruebas provenientes de otros expedientes sin posibilidad efectiva de contradicción y un supuesto acceso privilegiado de la acusación a documentación que, según la defensa, fue negada a los abogados de la exmandataria.

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Por último, los representantes legales cuestionaron la revisión de la sentencia al afirmar que las instancias judiciales superiores no realizaron un análisis efectivo de los planteos presentados. También denunciaron una presunta vulneración del principio que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos, al señalar que 49 de las 51 obras públicas investigadas ya habían sido analizadas en causas anteriores que finalizaron con archivos o sobreseimientos.

Finalmente, la defensa denunció una violación al derecho a un recurso judicial efectivo, al cuestionar la actual integración de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por tres miembros, y sostener que esa situación limita un examen independiente del caso. Además, objetó que un juez recusado haya intervenido en la resolución de su propia recusación, argumento que también fue incorporado en la presentación elevada ante el organismo internacional.