Catamarca, entre las cinco provincias con más tierra rural en manos extranjeras

El Senado de la Nación tiene previsto tratar el próximo jueves un proyecto que eliminaría los límites vigentes desde 2011 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y conocida como ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", modificaría la Ley de Tierras Rurales N° 26.737 junto con otras cuatro normas vinculadas a expropiaciones, procesos judiciales por ocupaciones, desalojos y manejo del fuego.

En Catamarca, sin embargo, el debate llega con datos que ya muestran una situación de alerta. Según la última actualización disponible del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), correspondiente a agosto de 2025, el 8,22% del territorio rural catamarqueño está en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. La cifra ubica a la provincia detrás de Salta, Misiones y San Juan, y apenas por delante de Mendoza y Santa Cruz, entre las cinco jurisdicciones con mayor extranjerización de tierras del país.

Ese promedio provincial, no obstante, esconde diferencias notables entre los dieciséis departamentos catamarqueños. Dos de ellos, Tinogasta y Paclín, superan ampliamente el 15% que la ley nacional establece como tope por jurisdicción departamental. A nivel país, más de treinta departamentos de distintas provincias están en la misma situación. Las dos excepciones catamarqueñas concentran, además, recursos naturales estratégicos: agua, minerales, glaciares y periglaciares.

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La iniciativa que el oficialismo impulsa en el Senado plantea derogar el tope del 15% de tierras rurales por país, provincia y departamento que hoy pueden poseer los extranjeros, así como el límite adicional que impide a una misma persona o empresa foránea adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola —o su equivalente según la productividad de cada región—. Ese esquema de topes es, según el texto de la ley vigente, el mecanismo que hasta ahora contuvo el avance de la extranjerización en las jurisdicciones cercanas al límite legal.

El proyecto también elimina la obligación de registrar las ventas de tierras a extranjeros y suprime el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el organismo creado junto con la ley actual para controlar el cumplimiento de los topes en todo el país. A la vez, traslada a cada provincia la autoridad de aplicación de la norma, con potestad para definir cuánta tierra y en qué zonas pueden comprar los extranjeros.

La reforma no se limita a la ley de tierras. Modifica también la Ley Nacional de Expropiaciones N° 21.499, redefiniendo los criterios bajo los cuales el Estado puede declarar la utilidad pública necesaria para adquirir un bien privado, lo que acota el uso de esa herramienta. Alcanza además al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con cambios orientados a que los propietarios recuperen con mayor rapidez la posesión de sus bienes ante ocupaciones ilegales. Por último, deroga artículos de la Ley de Manejo del Fuego incorporados en 2020, que impiden modificar durante 30 o 60 años —según el caso— el destino de bosques nativos, humedales o áreas agrícolas afectadas por incendios, un mecanismo pensado como freno a las quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

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De acuerdo con el RNTR, Tinogasta y Paclín son los dos departamentos catamarqueños por encima del 15% que fija la ley. Un segundo grupo, integrado por La Paz y Santa María, se ubica en una franja intermedia: debajo del límite legal, pero muy por encima del promedio provincial y nacional. Los doce departamentos restantes presentan niveles bajos o nulos de extranjerización, lo que revela una concentración del fenómeno en el oeste y el sur de la provincia.

Tinogasta encabeza el ranking con el 26,61% de sus casi 2,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, más de diez puntos por encima del segundo departamento de la lista. Integra, además, los informes nacionales sobre superposición territorial entre extranjerización, glaciares y proyectos mineros: tanto el Registro Nacional de Glaciares como el sistema de proyectos mineros lo señalan como una de las zonas cordilleranas donde la propiedad foránea coincide con áreas glaciares y periglaciares, una combinación asociada a las reservas de agua dulce y a los yacimientos de litio de la región.

Paclín, con el 20,66%, tiene una escala territorial mucho menor —98.373 hectáreas rurales, frente a los casi 2,3 millones de Tinogasta—. Esa diferencia de tamaño explica una concentración proporcional incluso mayor, ya que en departamentos pequeños ese porcentaje suele equivaler al control de una porción decisiva de la tierra productiva disponible para la producción local.

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Relevamientos de años anteriores habían ubicado también a La Paz y a Santa María por encima del 15%, junto con Tinogasta y Paclín, en un panorama de cuatro departamentos fuera de la norma. Los datos oficiales vigentes muestran que ambos descendieron por debajo de ese umbral —a 11,72% y 9,30%, respectivamente—, aunque siguen muy por encima del promedio provincial.

La diferencia entre esas mediciones distingue dos fenómenos: por un lado, la fotografía estructural heredada de titularidades anteriores a 2011, protegidas por la irretroactividad de la ley; por otro, las variaciones más recientes en la composición de la propiedad rural de cada departamento.

Un informe del Observatorio de Tierras, elaborado por el Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA) a partir de las mismas mediciones del RNTR, ubicó a Catamarca como la quinta provincia del país con mayor proporción de tierra rural en manos extranjeras: 11,5% de su superficie ruralizada, más de 1,1 millones de hectáreas, en poder de personas físicas o jurídicas foráneas.

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En medio de la creciente tensión política, el presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Ledesma, cuestionó con dureza la iniciativa y llamó a los representantes catamarqueños en el Congreso a rechazarla.

Para el legislador, se trata de un "atentado contra la soberanía nacional" que facilitaría la concentración y extranjerización de vastas extensiones del territorio argentino. "Este proyecto no es otra cosa que un cheque en blanco al capital extranjero para que se apodere de nuestros recursos estratégicos", sostuvo.

Ledesma argumentó que la norma "está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino" y advirtió que "sin tope y sin trazabilidad real del comprador final, la extranjerización deja de ser un fenómeno acotado para convertirse en un proceso sin freno institucional".

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"Milei habla de libertad, pero lo que está haciendo es legalizar el saqueo de nuestros recursos. No se trata de atraer inversiones, se trata de entregar el territorio nacional al mejor postor", enfatizó.

El diputado también dirigió un pedido explícito a los tres senadores nacionales que representan a Catamarca: "Pido a los 3 senadores nacionales sin distinción de banderías políticas o ideológicas que rechacen este proyecto en defensa de los intereses de nuestra provincia y del pueblo catamarqueño".