Caso Adorni y religión: qué piensan católicos, evangélicos y no creyentes sobre la corrupción en el gobierno de Milei

Las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sacudieron al gobierno de Javier Milei en los meses previos al relevamiento. Pero la reacción de la sociedad argentina ante ese escándalo no fue uniforme. Según el sondeo de opinión pública del CEIL-CONICET, la adscripción religiosa de los argentinos incide de manera clara en cómo evalúan la corrupción oficial y qué tolerancia le tienen a los funcionarios acusados.

Los datos son elocuentes: mientras la mayoría de la población considera que Adorni debería dejar su cargo, existe un grupo que se resiste con más fuerza a esa conclusión. Y ese grupo tiene nombre y perfil religioso definido.

Ante la pregunta sobre qué debería hacer Adorni frente a las acusaciones en su contra, el 59,2% de los argentinos respondió que debería renunciar. Es la posición mayoritaria en todos los grupos religiosos, pero con diferencias notables entre ellos.

Entre los católicos, esa proporción asciende al 59,8%, prácticamente en línea con el promedio. Las personas sin religión son las más exigentes: el 60,7% pide la renuncia, la cifra más alta de todos los grupos. Los evangélicos, en cambio, son los más tolerantes: solo el 52,3% cree que Adorni debería irse, casi ocho puntos por debajo del promedio nacional.

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Esa brecha no es un detalle menor. Refleja una actitud más general del electorado evangélico hacia el gobierno de Milei: mayor confianza en la gestión, menor disposición a exigir rendición de cuentas y más tendencia a interpretar las acusaciones judiciales como persecución política.

El estudio también midió otras dos posiciones frente al caso Adorni: que el funcionario debería pedir licencia hasta que la justicia resuelva su situación, o que directamente debería continuar en su cargo porque se trata de una persecución judicial.

El 21% de los evangélicos considera que Adorni debe seguir en su cargo porque entiende que las causas en su contra son una persecución, la proporción más alta entre todos los grupos religiosos. Entre los católicos esa cifra cae al 14,5% y entre las personas sin religión apenas al 15,9%.

En cuanto a la opción intermedia —pedir licencia hasta que la justicia aclare la situación—, los números son más parejos: 22,3% entre los católicos, 19,4% entre los evangélicos y 16,4% entre los sin religión.

El sondeo también indagó sobre una pregunta más amplia: si los hechos de corrupción vinculados a la gestión nacional podrían afectar la confianza de los encuestados en el gobierno. La respuesta mayoritaria en todos los grupos fue que sí, que la corrupción les generaría menor confianza. Pero, nuevamente, los evangélicos son los que menos suscriben esa posición.

El 66,4% de los evangélicos dice que los episodios de corrupción disminuirían su confianza en el gobierno, frente al 69,1% de los católicos y el 71,8% de las personas sin religión. En paralelo, el 29,6% de los evangélicos sostiene que la corrupción no afecta su confianza, la proporción más alta entre los grupos analizados, por encima del 27,7% de los católicos y el 23,2% de quienes no tienen religión.

Los investigadores del CEIL-CONICET advierten que estas diferencias no pueden leerse en forma aislada. Los evangélicos son el grupo que más apoya la gestión de Milei —con un 41,1% de aprobación, por encima del promedio nacional del 37,9%— y el que mayor confianza le tiene al gobierno. En ese marco, su mayor tolerancia ante los escándalos de corrupción puede entenderse como parte de una afinidad política más estructural con el oficialismo, antes que como una posición doctrinaria de la fe evangélica en sí misma.

El estudio señala además que los evangélicos tienden a concentrarse en sectores de menores recursos económicos y mayor vulnerabilidad laboral, lo que los acerca a una lectura del mundo político en clave de desconfianza hacia las instituciones tradicionales —incluyendo la justicia— y mayor identificación con líderes que se presentan como outsiders del sistema.

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En el extremo opuesto se ubican las personas sin religión, que conforman el sector más crítico del gobierno en prácticamente todos los indicadores del sondeo. Son quienes más piden la renuncia de Adorni, quienes más dicen que la corrupción afectaría su confianza en el gobierno y quienes mayor desaprobación expresan hacia la gestión de Milei (62,6% de desaprobación, frente al 56,2% de católicos y evangélicos).

El informe del CONICET subraya que este grupo —que ya representa más del 21% de la población argentina y crece de manera sostenida entre los jóvenes— combina mayor escepticismo institucional con menor tolerancia a los episodios de corrupción, una combinación que los ubica como el segmento más exigente en términos de rendición de cuentas hacia el poder.