Brasil, Chile y Japón cuestionaron los nuevos aranceles de Estados Unidos y anticiparon que buscarán revertirlos
Más de diez naciones expresaron su preocupación por la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense impuso gravámenes de hasta el 12,5% a importaciones de más de 80 países, incluida Argentina.
La decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles del 10% y 12,5% sobre importaciones provenientes de más de 80 países abrió una controversia diplomática y comercial de alcance global. La Casa Blanca justificó la medida invocando la supuesta falta de controles contra el trabajo forzoso, mientras que numerosos gobiernos denunciaron motivos proteccionistas y anticiparon respuestas políticas y negociaciones.
Los gravámenes, que reemplazaron al arancel temporal del 10% vencido, entraron en vigor el 24 de julio. Tras un revés judicial en febrero —cuando la Corte Suprema estadounidense declaró inconstitucionales aranceles similares— la administración se amparó en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para aplicar las nuevas tasas. Según el representante comercial Jamieson Greer, la medida pretende presionar por la eliminación de prácticas identificadas en una investigación sobre trabajo forzoso.
El esquema anunciado diferencia entre países que han prohibido o se comprometieron a prohibir importaciones vinculadas al trabajo forzoso, que recibirán un arancel del 10% —entre ellos Canadá, la Unión Europea, India, Reino Unido y Argentina—, y otros como China, Japón y Corea del Sur, sujetos al 12,5%. Se aclaró además que bienes ya gravados por medidas específicas, como ciertos productos de acero y aluminio, mantendrán sus aranceles previos.
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Brasil fue de las primeras voces críticas: el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Washington de instrumentalizar el tema del trabajo forzoso con fines proteccionistas y cuestionó los fundamentos legales de la medida. La alícuota adicional se suma a un arancel del 25% impuesto días antes, con lo que, según la Cámara Americana de Comercio para Brasil, la carga efectiva podría alcanzar el 37,5%.
Chile anunció gestiones para quedar excluido de la lista y defendió su sólida institucionalidad laboral, con empresarios advirtiendo efectos negativos sobre la competitividad y la generación de incertidumbre para productores y trabajadores.
Japón, cuyo gobierno calificó la decisión como "lamentable", recordó además un acuerdo bilateral de 2025 que había establecido un arancel del 15% a cambio de inversiones estadounidenses por 550.000 millones de dólares. Corea del Sur y Australia igualmente reclamaron respeto a acuerdos vigentes: se subrayó la intención de mantener consultas con Washington para preservar compromisos ya pactados y la defensa de las propias medidas domésticas contra el trabajo forzoso.
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México informó que el T-MEC permitirá mitigar el impacto, manteniendo arancel cero para el 85% de sus exportaciones. Nueva Zelanda y las Filipinas manifestaron rechazo y preocupación por la falta de pruebas y la claridad de los argumentos sobre trabajo forzoso. En Canadá, el primer ministro Mark Carney anunció negociaciones con Washington ante la amenaza de un arancel del 50% si no se alcanzan acuerdos; mientras tanto, Panamá celebró haber sido excluida de la lista.
La medida estadounidense combina elementos legales y políticos: por un lado, busca ampararse en herramientas comerciales para sancionar prácticas laborales; por otro, enfrenta acusaciones de proteccionismo y de uso discrecional de la política arancelaria. La reacción global incluye demandas diplomáticas, intentos de negociación y amenazas de represalias, en un contexto en que varios acuerdos bilaterales y multilaterales podrían verse tensionados. A corto plazo, la decisión generará incertidumbre para exportadores y presiones políticas internas en los países afectados. A mediano y largo plazo, el curso dependerá de las negociaciones bilaterales, posibles apelaciones legales y la capacidad de las partes para acordar mecanismos verificables que aborden el trabajo forzoso sin recurrir a medidas unilaterales que perturben el comercio.
