Armas, tala clandestina y extorsión: desbaratan una banda que usurpaba campos en Salta y Santiago del Estero

Un megaoperativo judicial y policial desplegado en el este de Salta, a escasos kilómetros del límite con Santiago del Estero, dejó al descubierto el violento accionar de organizaciones delictivas dedicadas a la usurpación sistemática de tierras productivas en el Noroeste Argentino. La intervención, que se extendió durante tres jornadas en una zona inhóspita de Talavera, culminó con siete personas detenidas —cuatro de ellas con prisión preventiva firme— acusadas de integrar una red dedicada al abigeato agravado, la portación ilegítima de armas de fuego, la extorsión a productores vecinos y la deforestación clandestina de montes nativos.

El procedimiento se ejecutó en la finca Santa Rita, un predio de 11.800 hectáreas perteneciente a la firma Agrosol S.A., del cual una fracción de 2.500 hectáreas permanecía bajo ocupación ilegal desde comienzos de 2026. Una comitiva integrada por 40 efectivos policiales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal irrumpió en el terreno tras sortear caminos de tierra de difícil acceso situados a 11 kilómetros de la ruta más cercana, desarticulando dos campamentos clandestinos donde los ocupantes operaban fuertemente armados y con chalecos tácticos.

El caso desnudó una metodología delictiva que genera alarma en el sector agropecuario regional. De acuerdo con las actuaciones penales encabezadas por la fiscal Celeste Pisacic, el grupo irrumpía en los campos rompiendo los alambrados perimetrales, bloqueaba caminos vecinales y montaba retenes armados para interrogar e intimidar a peones y puesteros que transitaban por la zona del río Juramento.

También te puede interesar: Causa $LIBRA: la Cámara Federal apartó a cinco inversores que buscaban ser querellantes

Las denuncias incorporadas a la causa dan cuenta de maniobras de coacción extrema contra productores de parcelas linderas: los acusados llegaron a exigir el 50% del rodeo vacuno a puesteros locales bajo amenaza de arrear y cargar la totalidad de la hacienda en camiones de gran porte. Asimismo, la pesquisa constató la existencia de llamadas extorsivas en las que exigían pagos en efectivo de entre $3.000.000 y $10.000.000 en concepto de supuestos "peajes" para no saquear el ganado, sumado a la sustracción continua de animales que ingresaban forzosamente dentro de sus perímetros clandestinos.

La investigación expuso la maniobra legal que estas bandas articulan para eludir la acción penal y permanecer en los inmuebles durante años. Una vez asentados en los predios, inician demandas ante la Justicia civil solicitando la usucapión (adquisición de dominio por posesión veinteañal) acompañada por una medida cautelar de no innovar. Mediante este ardid, obtienen resoluciones que congelan el estado del terreno y paralizan las órdenes de restitución inmediata a sus legítimos propietarios, aprovechando los extensos plazos de los litigios civiles para lucrar con los recursos naturales del predio.

"No lo van a ganar, pero a ellos no les importa eso, sino ganar tiempo para explotar el monte nativo y robar ganado de los campos vecinos", advirtió Julián Aguilar, abogado de la firma damnificada, quien insistió en que se investigue el entramado como una asociación ilícita con respaldo político interprovincial.

También te puede interesar: Absolvieron a los tres médicos juzgados por la muerte de Matías Juárez

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad secuestraron dos armas de fuego, hachas, motosierras, motoguadañas, cuchillos, lazos, camiones con rastra y cerca de 500 postes de quebracho colorado y blanco. Según se constató, la madera nativa era talada sin ningún tipo de autorización de la Secretaría de Ambiente y trasladada de madrugada en camiones hacia territorio santiagueño en trayectos de apenas quince minutos, aprovechando la permeabilidad fronteriza.

El expediente sumó además la intervención de la Justicia Federal por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, tras detectarse la presencia de 20 trabajadores —entre ellos un menor de edad— viviendo en chozas precarias bajo condiciones de extrema vulnerabilidad.

Por resolución del juez de Garantías Héctor Guzmán, se dictó la prisión preventiva de Juan Dalmasiano Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45) a los fines de asegurar la investigación y evitar la continuidad del daño ambiental, mientras que Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) continuarán el proceso en libertad vinculados a la causa. /CLARÍN