Aplazados en eficiencia
Nuevas medidas. El fiscal Hugo Costilla solicitó nuevas pericias en la causa por la muerte de Rojas.
Una semana después de que la Corte de Justicia de Catamarca ratificó la prescripción de la causa por la Tragedia de la Alcaidía, tomó estado público un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales que arrojó pésimos resultados para la provincia: penúltima en eficacia judicial en un ranking de 19 distritos. Sólo La Rioja está peor.
El informe del INECIP midió cuántas de las causas penales que ingresan a un Ministerio Público Fiscal terminan en una respuesta con algún tipo de incidencia real —condena, absolución, suspensión de juicio a prueba, acuerdo reparatorio— y cuántas quedan sin resolverse.
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El expediente abierto en 2011 por la muerte de cuatro adolescentes calcinados en 2011 en una celda donde estaban alojados por encima de los plazos legales es un ejemplo emblemático en este sentido. La Sala Penal de la Corte rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía con críticas al derrotero de la causa más duras que las que había vertido en la primera sentencia. La responsabilidad central de la demora recayó en la inacción del propio Ministerio Público Fiscal, que nunca impulsó la fijación de la audiencia de debate y fue responsable directo de cuatro de las siete suspensiones registradas entre 2020 y 2023.
"El Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal pública y custodio constitucional del impulso procesal, tenía el deber primario e irrenunciable de velar por la celeridad del trámite. La omisión sistemática de ese deber no puede erigirse en agravio federal imputable a este Tribunal", dijo la Corte, lapidaria.
Catamarca se ubicó penúltima en un estudio sobre eficiencia judicial penal. Sólo La Rioja tuvo resultados peores. Catamarca se ubicó penúltima en un estudio sobre eficiencia judicial penal. Sólo La Rioja tuvo resultados peores.
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En diciembre ya había calificado de "inaceptable" que una causa lista para el debate nunca llegara a celebrarse y había cuestionado el compromiso de los operadores judiciales con la tutela judicial efectiva que se supone deben garantizar.
El tribunal ordenó girar el expediente a la Secretaría de Sumarios para deslindar responsabilidades, pero las investigaciones no avanzaron a la espera de que la sentencia quedara firme. Como la Fiscalía anticipó que irá en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo más probable es que continúen dilatándose. La reticencia a revisar el desempeño de los actores de los sistemas policial y judicial es proverbial.
Ayer hubo novedades en otra causa paradigmática: la muerte del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas hace tres años y medio. El fiscal Hugo Costilla solicitó al Laboratorio Satélite Forense arbitrar todos los medios humanos, técnicos, de insumos y logísticos necesarios para la realización de estudios complementarios sobre las muestras biológicas, en virtud de la necesidad de agotar todas las líneas investigativas tendientes a identificar eventuales perfiles genéticos de terceras personas intervinientes en la escena del crimen. También solicitó identificar las huellas dactilares encontradas en un auto.
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Esto ocurre tres meses después del decepcionante dictamen del ateneo interdisciplinario en el que los forenses no pudieron ponerse de acuerdo sobre el modo en que murió Rojas y dejaron abierta la hipótesis de que se haya tratado de una muerte accidental. La idea de Costilla era hacer una reconstrucción del hecho en presencia de los peritos, a ver si así podían arribar a un criterio unánime, pero la familia de Rojas impugnó el ateneo y la cosa está todavía en veremos.
En lo que sí coincidieron los forenses fue en descalificar el trabajo criminalístico y de preservación de las pruebas en la primera etapa de la instrucción, al que achacaron la imposibilidad de llegar a conclusiones.
El fiscal original de la causa, Laureano Palacios, fue absuelto en un Jury polémico en el transcurso del cual surgieron elementos que indicaban que podría haber sido manipulado. Los esfuerzos de Costilla por obtener algo que lo oriente contrastan con su prescindencia hacia los operadores policiales y judiciales que podrían haber contaminado la investigación en el inicio, por impericia, negligencia o complicidad.
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Su colega Palacios tal podría ofrecerle información valiosa en tal sentido para, llegado el caso, pedir al menos los sumarios que la Corte ordenó para determinar quiénes fueron los responsables de la impunidad en la Tragedia de la Alcaidía.
