Ante las críticas por el estado de las rutas, el gobierno de Milei proyecta una nueva licitación para construir autopistas
Cuando avanza la concesión de 9.000 kilómetros con obras centradas en el mantenimiento, la administración libertaria trabaja en una cuarta etapa que prevé la construcción de autopistas, autovías y duplicación de calzadas.
Resumen para apurados
El gobierno de Javier Milei comenzó a diseñar una nueva etapa del plan de concesiones viales que incluirá la construcción de autopistas, autovías, duplicación de calzadas y terceros carriles en distintos corredores nacionales del país, en medio de las críticas y los reclamos que despertó el esquema actual de privatización de rutas nacionales, enfocado principalmente en tareas de mantenimiento.
La iniciativa se encuentra en preparación y conformará la cuarta etapa del proceso de licitaciones, luego de las tres fases mediante las cuales se adjudican alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
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El objetivo es avanzar con obras de mayor envergadura en los corredores con mayor circulación vehicular, luego de que diversos sectores cuestionaran que las concesiones actualmente en marcha contemplan escasas inversiones en infraestructura.
Según un informe periodístico de Diego Cabot en el diario "La Nación", la administración libertaria solicitó a Vialidad Nacional un relevamiento de las obras consideradas urgentes, a partir del cual se elaboró un mapa que servirá de base para las futuras licitaciones. Los proyectos alcanzan a la mayoría de las provincias y concentran intervenciones en corredores estratégicos vinculados con Vaca Muerta y el puerto de Bahía Blanca, la zona centro del país, el norte argentino, los accesos a Bolivia, el área portuaria de Rosario y Santa Fe y distintos tramos de la Patagonia.
El nuevo paquete buscará diferenciarse del esquema actualmente en ejecución. De los 9.000 kilómetros que se están concesionando, unos 3.000 ya corresponden a autovías existentes y, de los 6.000 kilómetros restantes, solo se prevé la construcción de aproximadamente 300 kilómetros de nuevas rutas de cuatro manos.
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El resto de las obligaciones de los concesionarios se concentra en garantizar la transitabilidad mediante tareas de bacheo, conservación de la calzada y mantenimiento de las estaciones de peaje.
Esa modalidad generó cuestionamientos de usuarios y del sector productivo, que esperaban un programa con mayores inversiones en infraestructura vial. Las críticas apuntaron a que los nuevos contratos priorizan el mantenimiento de las rutas por encima de la ejecución de obras que incrementen la capacidad de circulación.
Frente a ese escenario, el gobierno de Milei comenzó a trabajar en un segundo paquete de proyectos que contempla obras de ampliación en los corredores con mayor flujo de tránsito. En algunos casos, las rutas continuarán bajo administración privada mediante concesiones con peaje y, en otros, el Estado analizará contratos en los que el Tesoro remunere a las empresas por el servicio de mantenimiento y operación.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno nacional prevé incorporar otros 12.000 kilómetros al sistema. "A los 9.000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país. Esto va a ser un cambio", afirmó.
Mientras tanto, continúa el proceso de privatización de los primeros corredores nacionales, cuyos contratos prevén la explotación mediante peajes durante plazos de hasta 30 años, con obligaciones centradas principalmente en el mantenimiento de la infraestructura existente. La futura etapa de licitaciones buscará incorporar las obras de ampliación que, hasta ahora, quedaron prácticamente fuera de los contratos vigentes.
En una reunión en la Cámara de Diputados, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, insistió en el rol determinante del Estado: "Sin el apoyo de la Nación no podemos realizar obras de gran envergadura en las provincias".
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Pese a la interrupción de los envíos de fondos destinados a obras iniciadas con financiamiento de Nación, Nazur ponderó que "Tucumán no detiene la obra pública. Estamos haciendo obras estructurales, en todos los rubros: la doble terna de El Bracho-Villa Quinteros; fuimos la primera provincia en reactivar el Plan Procrear, el emprendimiento habitacional más grande del país, que beneficiará a 3.000 familias; también tenemos una política de seguridad, que tiene incluida la construcción del penal de Benjamín Paz y las alcaldías de Delfín Gallo y Las Talitas".
El funcionario destacó en LG Play luego que durante el encuentro en Diputados, "planteamos a la Nación que revea el horizonte de la obra pública a nivel nacional. Tenemos tres obras importantísimas en la provincia, que tenemos que terminar: el acceso sur, las plantas depuradoras de líquidos cloacales en Aguilares y en Concepción. Es mucho más beneficioso terminar una obra con un avance significativo que dejarlas abandonadas. Sin obra pública no hay país que crezca".
