Alerta vial: el crítico estado de las rutas se vuelve clave en la negociación con gobernadores

El brutal choque de dos camiones en el kilómetro 7 de la Ruta Nacional A012, en el sur de Rosario, expuso de la peor manera una realidad dramática: el crítico estado de la red vial argentina. El accidente, que interrumpió por más de ocho horas el tránsito en una arteria por donde se despacha el 80% de las exportaciones agroindustriales del país, dejó en evidencia que las rutas nacionales ya no son solo un peligro para la vida, sino un cuello de botella logístico que frena el ingreso de divisas.

Menos de un mes después del siniestro, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sellaron en la Casa Rosada un acuerdo inédito por el cual la provincia asumirá la administración y el mantenimiento de la A012 durante los próximos 20 años. Aunque la fotografía oficial junto a Karina Milei y Luis Caputo se mostró sonriente, la trastienda del convenio revela una fuerte tensión: la Nación conserva la jurisdicción federal del corredor, pero le transfiere la factura de las reparaciones a un distrito que prefirió pagar antes que seguir esperando soluciones del gobierno central.

Este modelo santafesino de "desfederalización encubierta" busca ser replicado rápidamente por la Casa Rosada, que ya negocia transferencias similares en las rutas 151 y 22 de Río Negro, con el plan de pasar a manos provinciales más de mil kilómetros de corredores nacionales. Para los tramos que no sean absorbidos por los gobernadores, el Palacio de Hacienda apuesta a concesiones privadas por 30 años, enfocadas en contratos de mantenimiento menor y nuevos peajes, pero con escasa expansión de infraestructura real. Los relevamientos de Vialidad Nacional justifican la urgencia: dos tercios de la red vial federal se encuentran intransitables tras la subejecución de más de la mitad de sus recursos durante 2024 y 2025.

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Esta crisis de infraestructura se da en un momento político de extrema necesidad para la gestión de Javier Milei, que busca seducir a los mandatarios provinciales para avanzar con su reforma electoral más preciada: la eliminación de las PASO de 2027. Ante la falta de consenso para una derogación definitiva, los armadores libertarios ya evalúan una suspensión por única vez, la cual esperan dictaminar entre agosto y octubre con la promesa de ahorrar unos USD 300 millones de las arcas públicas.

Sin embargo, las cartas de negociación del oficialismo se ven limitadas por el fuerte torniquete financiero aplicado a las provincias. Según datos de la consultora Politikón Chaco, durante el primer semestre de 2026 los gobernadores sufrieron una pérdida de $2,2 billones entre transferencias automáticas y no automáticas. Los tijerazos del ministro Caputo afectaron directamente a los programas de conservación vial y seguridad en puntos críticos del mapa nacional, desde la "ruta de la muerte" (Ruta 34 en el norte) hasta los accesos destruidos de Vaca Muerta.

Mientras Diego Santilli ajusta su agenda para viajar a Catamarca y Santiago del Estero buscando garantizar gobernabilidad a cambio de adelantos de coparticipación y obras públicas básicas, el relato oficial choca contra un duro límite cultural. Sondeos de las firmas Alaska y TresPuntoZero revelaron que el 72% de la población rechaza la suspensión de la obra pública. El humor social parece tolerar el ajuste fiscal y el combate a los privilegios de la política, pero se muestra mucho menos dispuesto a aceptar que la motosierra convierta los caminos del país en una ruleta rusa cotidiana.