Abigeato en Paclín: la fiscal ordenó peritajes y se sumaron denuncias

La fiscal de feria Yésica Miranda ordenó peritajes de marcas y señales. La defensa sumó denuncias contra los policías.

La investigación penal por el supuesto hecho de abigeato en el departamento Paclín sumó nuevas e importantes derivaciones judiciales en las últimas horas. La fiscal de feria, Yésica Miranda, ordenó las primeras medidas de prueba destinadas a verificar la propiedad de la hacienda secuestrada, al tiempo que los integrantes de la familia afectada ampliaron las denuncias penales en la Unidad Judicial N° 1 contra el personal policial interviniente, bajo la acusación de haber cometido apremios ilegales durante el procedimiento en el Puesto La Pastora.

Tras asumir el control de la causa en el marco del receso de feria judicial, la fiscal Miranda dispuso de forma inmediata el libramiento de oficios dirigidos a las dependencias oficiales correspondientes para llevar a cabo el peritaje de marcas y señales de los animales que permanecen incautados. Según confirmó el abogado defensor de la familia afectada, Orlando del Señor Barrientos, la notificación formal de esta disposición técnica se concretó en las primeras horas de la jornada de este jueves.

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El objetivo principal de estas pericias es constatar de manera fehaciente si los vacunos y equinos corresponden a los registros de propiedad presentados por la defensa o si, por el contrario, guardan relación con la denuncia original de sustracción que dio origen al expediente.

En paralelo al avance de la causa por el supuesto cuatrerismo, los integrantes de la familia Montivero que se habían quedado custodiando la hacienda en la zona alta del puesto rural se trasladaron a la Capital provincial para presentarse ante la Unidad Judicial N° 1 y radicar nuevas denuncias.

Las acusaciones formales apuntan concretamente a cuatro efectivos de la fuerza de seguridad: dos de ellos señalados por el accionar desplegado en la parte delantera del procedimiento y otros dos que se encontraban custodiando el sector trasero. La defensa aclaró expresamente que las denuncias por malos tratos e irregularidades en el procedimiento se dirigen de manera exclusiva a estos cuatro policías involucrados en el operativo.

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En tal sentido, el letrado desvinculó de cualquier tipo de proceder anómalo al resto de las autoridades judiciales que intervinieron en la causa, destacando que tanto el fiscal de instrucción original, Laureano Palacios, como la delegada judicial de la localidad de Los Altos, se desempeñaron de forma correcta y conforme a derecho en todo momento.

Los hechos bajo investigación se originaron la semana pasada en el límite geográfico entre los departamentos de Santa Rosa y Paclín, un sector de montaña de difícil acceso al cual los investigadores debieron ingresar a pie a través de senderos desde la localidad de Alijilán. Bajo las directivas iniciales de la Fiscalía de Instrucción N° 2, se coordinó un despliegue de seguridad ejecutado por personal de la División Abigeato, con la colaboración de efectivos de la Policía Montada, comisarías de la Zona B y la Delegada Judicial de Los Altos. En dicho procedimiento se ordenó el secuestro preventivo de 70 animales en el Puesto La Pastora, discriminados en 42 vacunos y 28 equinos, bajo la sospecha de abigeato.

Desde el inicio del conflicto, la defensa objetó el traslado de la totalidad de la hacienda hacia la Capital provincial, señalando que existía una directiva inicial para que permanecieran en el predio rural mientras se sustanciaban las primeras averiguaciones. Barrientos aseguró contar con la documentación legal que acredita de manera indudable la legítima propiedad de los vacunos por parte de la familia Montivero. Con respecto a los 28 equinos secuestrados, el letrado explicó que se trata de animales que fueron entregados por sus respectivos dueños para realizar tareas específicas de doma, descartando cualquier vinculación con actividades delictivas de abigeato.