Abad confirmó que la deuda pública de Tucumán asciende a $ 153.000 millones

La deuda del sector público de Tucumán alcanzó aproximadamente los $ 153.000 millones al 31 de marzo. El pasivo representa cerca del 3% del presupuesto provincial vigente y su atención demandará este año el equivalente al 2,5% del gasto total previsto, según datos oficiales.

El Gobierno de Osvaldo Jaldo considera que el nivel de endeudamiento es sostenible. La legislación autoriza a destinar hasta un 10% del presupuesto al pago de capital e intereses, cuatro veces más que la proporción prevista para afrontar los vencimientos actuales.

La composición de los acreedores muestra un cambio respecto de años anteriores. La Nación dejó de concentrar la mayor parte de las obligaciones y ahora comparte un peso similar con las entidades financieras privadas.

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Dentro de ese esquema sobresale un financiamiento cercano a los $ 80.000 millones otorgado por el Banco Macro, agente financiero de la Provincia.

La segunda obligación de mayor magnitud corresponde a una asistencia del Banco Nación por $ 55.190 millones. Esos fondos fueron utilizados para cancelar la deuda que Tucumán mantenía con el disuelto Fondo Federal para el Desarrollo Provincial.

El ministro de Economía, Daniel Abad, afirmó que la Provincia no contrajo deuda directa en moneda extranjera y sostuvo que esa decisión reduce los riesgos financieros.

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"La foto de la deuda pública, como la de las cuentas del Estado, es completamente diferente a la que recibimos al asumir la gestión", aseguró.

El funcionario defendió el uso del crédito cuando se destina a sostener obligaciones y financiar infraestructura. Señaló que la administración provincial continuó ejecutando obras pese a la caída de los ingresos de origen nacional y local.

Tucumán también obtiene financiamiento de organismos internacionales. Esos préstamos se encuentran nominados originalmente en dólares, aunque son registrados en pesos dentro de la contabilidad pública.

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Entre esas operaciones figura un crédito consignado por $ 140 millones para la ejecución de trabajos hídricos.

La deuda instrumentada mediante títulos públicos ronda los $ 10.000 millones y, según la evaluación oficial, no representa una amenaza para el equilibrio fiscal.

Ese monto incluye los Consadep II, III y IV y los Bonos de Conversión de Deuda Pública 2031, conocidos como Condep 2031.

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El Condep 2031 es un título de deuda interna utilizado para reestructurar pasivos y acuerdos financieros. Está denominado en pesos y ajusta mediante la tasa Badlar, vinculada con los rendimientos que pagan los bancos por determinados depósitos a plazo fijo.

Para administrar los vencimientos, la Provincia utiliza una estrategia de refinanciación o *roll over*. El mecanismo consiste en renovar las obligaciones y extender sus plazos para evitar que los pagos inmediatos absorban recursos destinados a otras necesidades.

El objetivo es preservar los ingresos provenientes de la coparticipación federal, que funcionan como garantía de las operaciones de crédito público.

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Abad sostuvo que la refinanciación resulta necesaria para cubrir los gastos de funcionamiento y el pago de salarios en un escenario marcado por el agotamiento del Fondo Anticíclico y la contracción del gasto público.

El ministro recordó que numerosas áreas de la administración sufrieron una reducción de partidas cercana al 20%. Desde marzo, el ajuste también alcanza a los organismos autárquicos y descentralizados.

El endeudamiento volvió al centro del debate político tras difundirse el consolidado de las provincias correspondiente al primer trimestre de 2026.

La deuda conjunta de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendió a $ 32,6 billones al cierre de marzo, de acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

Medido en valores constantes, el stock aumentó un 7% respecto del mismo período de 2025. Su peso sobre el producto bruto interno pasó del 3,2% al 3,4% en un año.

Pese a ese incremento, un informe de Politikon Chaco indica que el indicador de 2026 continúa entre los más bajos de las últimas dos décadas. Al comparar los primeros trimestres de cada año, solamente 2025 presentó una relación menor entre la deuda subnacional y el PBI.

La provincia de Buenos Aires concentra el mayor pasivo en valores corrientes, con $ 16,7 billones, equivalentes al 51,1% de toda la deuda provincial del país.

Córdoba ocupa el segundo lugar con $ 4,3 billones y una participación del 13,1%. La Ciudad de Buenos Aires aparece tercera con $ 2,5 billones.

Otras tres jurisdicciones superan el billón de pesos: Santa Fe registra $ 1,8 billones y concentra el 5,4% del total; Neuquén alcanza $ 1,1 billones, con el 3,2%, y Mendoza acumula $ 1 billón, también equivalente al 3,2%.

Frente a esos valores, Tucumán presenta un stock nominal considerablemente menor. No obstante, la sostenibilidad dependerá de la evolución de los ingresos, el costo de las refinanciaciones y la capacidad de mantener el servicio de la deuda sin afectar salarios, prestaciones y obras públicas.